El futuro de las pensiones públicas es una de las principales prioridades del conjunto de la sociedad. Más en un momento de inestabilidad y cambios que recorren todo el mundo, en que necesitamos mayor protección y seguridad.

Hay un debate abierto y existen diferentes alternativas políticas y económicas, pero una amplia unidad en el rechazo a la privatización y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas. Por eso uno de los grandes pasos que tenemos dar es Blindar las Pensiones en la Constitución, en defensa del estado del bienestar.

Los y las abajo firmantes llamamos al Gobierno y al Congreso de los Diputados a promover una reforma de la Constitución que otorgue las pensiones un blindaje constitucional que no tienen en la actualidad.

Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas, aumentando su protección y rango como derecho constitucional.

El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, porque somos 49 millones de pensionistas, del presente o del futuro.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) es ya un amplio movimiento social, presente en todo el país, en el que confluyen cientos de organizaciones y miles de profesionales, de muy diversas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos unidas en torno a un único punto: Blindar las Pensiones en la Constitución.