DESDE 2013, CON EL APOYO DE:
500 ORGANIZACIONES
300 PERSONALIDADES
2,6 MILLONES DE FIRMAS
Y 100 JURISTAS (primer manifiesto)
MANIFIESTO
El futuro de las pensiones públicas es una de las principales prioridades del conjunto de la sociedad. Más en un momento de inestabilidad y cambios que recorren todo el mundo, en que necesitamos mayor protección y seguridad.
Hay un debate abierto y existen diferentes alternativas políticas y económicas, pero una amplia unidad en el rechazo a la privatización y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas. Por eso uno de los grandes pasos que tenemos dar es Blindar las Pensiones en la Constitución, en defensa del estado del bienestar.
Los y las abajo firmantes llamamos al Gobierno y al Congreso de los Diputados a promover una reforma de la Constitución que otorgue las pensiones un blindaje constitucional que no tienen en la actualidad.
Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas, aumentando su protección y rango como derecho constitucional.
El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, porque somos 49 millones de pensionistas, del presente o del futuro.
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) es ya un amplio movimiento social, presente en todo el país, en el que confluyen cientos de organizaciones y miles de profesionales, de muy diversas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos unidas en torno a un único punto: Blindar las Pensiones en la Constitución.
JURISTAS FIRMANTES
Alberto Jorge Barreiro, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Alberto Nicolás Franco, magistrado de lo Social; Alejandra Ríos, abogada; Alicia Paloma de la Cruz, abogada laboralista jubilada; Ángel Aday Jiménez Alemán, profesor contratado doctor de Derecho Constitucional; Ángel Escolano, abogado; Ángeles Cifuentes, jurista criminóloga jubilada; Antoni Luchetti, abogado jubilado; Antonio Doñate, expresidente Audiencia Provincial Barcelona; Antonio Francisco Ordoñez, jurista; Baltasar Garzón, ex magistrado y abogado; Belén García Romero, catedrática Derecho del Trabajo; Bernardo García Rodriguez, abogado UGT; Carlos Jiménez Villarejo, exFiscal AntiCorrupción; Cristina Almeida, abogada; David Cadierno, abogado; Diego J. Vera Jurado, catedrático de Derecho administrativo; Diego López Garrido, presidente Fundación Alternativas; Dori Arenas, abogada; Enrique Jiménez Larrea, abogado; Eufemia Díaz Carmona, abogada; Eva María Macías, abogada; Fernando Luján de Frías, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Francisca Gómez Reina, abogada; Francisco Lozano, profesor titular de Universidad (acreditado a catedrático); Ignacio González Vega, magistrado; Iluminada Ordóñez Casado, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional; Joan Rafael Rabasco López, abogado; Joan Tamayo Sala, abogado y activista DDHH; Joaquim Bosch, magistrado; Joaquín Giménez García, magistrado emérito del Tribunal Supremo; José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito Tribunal Supremo; Jose Asensi Sabater, catedrático de Derecho Constitucional; José Jorge Castellano García, abogado; José Luís López González, profesor titular Derecho Constitucional; José Luís Monereo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; José Luís Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; José María Martín Delgado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario; Juan Adelardo Escudero Capote, abogado jubilado; Juan Carlos Álvarez Cortés, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Juan Carlos Villalón, abogado UGT; Juan Puig de la Bellacasa, abogado; Julio Picatoste, magistrado jubilado; Lucía Ruano Rodríguez, magistrada jubilada; Luís Ocaña Escolar, abogado y profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Lydia Mora Martínez, abogada; Manuel de la Rocha, abogado; Manuel Parilla del Toro, abogado; Manuela Carmena, magistrada; Maravillas Espín, profesora universitaria; Mari Carmen Muñoz Gómez, abogada; María Concepción Sáez Rodríguez, letrada Administración de Justicia; María Cristina Pérez Sánchez, profesora de Derecho Constitucional; María Gema Quintero Lima, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; María José Ligero, abogada; María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo; María Linacero de la Fuente, catedrática de Derecho Civil; María Nieves Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; María Seco Martínez, abogada; Mario Pestana Pérez, magistrado emérito; Mercedes Pérez Martín-Esperanza, magistrada; Miguel Ángel García Herrera, catedrático emérito de Derecho Constitucional; Nicolás Sartorius, abogado; Pablo Gimeno Díaz de Atauri, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Paquita Sauquillo, abogada; Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Pilar Sánchez, abogada UGT; Ramiro García de Dios, magistrado emérito; Rocío Mendoza, abogada; Rosa Martínez Perza, jurista; Salvador Perán Quesada, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Sara Ortiz, jurista; Tomás Bastarreche, jurista
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